Declaración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia

Parlamento Europeo, Bruselas, 17 y 18 de abril de 2007

OIDH-ACO

La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO
y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU

con el apoyo de los parlamentarios europeos

Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica – GUE/NGL),
Raül ROMEVA (Grupo Verdes – Verts/ALE),
Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo – PSE)
Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa – ADLE)

declaran:

Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.

Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos que protegen y buscan hacer efectiva la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Son cada vez más evidentes los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares a muy altos niveles del Estado. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directas del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.

Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:

1. Al Gobierno de Colombia a adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y depurar sus vínculos con servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad. Así mismo, a dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación de la ley 975 de 2005. A la comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.

2. La solución política negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construcción de escenarios de negociación política. Reclamamos a todos los grupos combatientes que se abstengan de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin más dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Invitamos a la comunidad internacional a continuar cumpliendo su papel de facilitación respecto a esas iniciativas.

3. Al Gobierno de Colombia a garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. A la comunidad internacional a acompañar y apoyar decididamente las iniciativas de las víctimas orientadas a ejercer sus derechos. También a apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar con el Estado colombiano un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

4. Durante las próximas elecciones, el Gobierno de Colombia está obligado a ofrecer garantías a la oposición política, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unión Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campañas y elecciones) mediante la conformación de una Misión de Verificación Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.

5. Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, instamos a la Unión Europea a evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente y a condicionar los acuerdos comerciales que celebre con el Gobierno de Colombia al respeto y garantía de la integridad de los derechos humanos. De igual manera, a propiciar la participación de la sociedad civil en consultas previas para suscribir esos acuerdos.

6. Al Gobierno de Colombia a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los últimos años por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. A la comunidad internacional a garantizar: la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; que el Consejo de Derechos Humanos analice específicamente, por lo menos una vez al año, la situación colombiana y adoptar un curso de acción que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.

7. Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidación de la democracia en Colombia. En ese sentido, reclamamos del Gobierno de Colombia el respeto y garantía de los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, el otorgamiento de garantías a los integrantes de la oposición política, y asegurar la vigencia de las libertades sindicales. Invitamos a la comunidad internacional a exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las cláusulas democráticas.

Bruselas, 18 de abril de 2007